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En una medida de emergencia, el Gobierno solicitó ayer por la tarde ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la suspensión temporal de la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska que hace dos semanas ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF, un pedido que la magistrada tampoco aceptó hasta ahora.

“La República Argentina ya se presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito solicitando que se conceda una suspensión administrativa temporal (de la ejecución del fallo) mientras tramita el pedido de suspensión ante dicho tribunal en relación a la apelación presentada la semana pasada”, confirmaron fuentes oficiales.

El recurso fue interpuesto inmediatamente después de conocerse un nuevo revés en el juicio contra el país por la estatización de la petrolera en 2012, tras el rechazo de Preska ayer al pedido argentino de suspender la transferencia de activos a los fondos litigantes, mientras cursa la apelación que

Argentina inició la semana pasada. Argentina tenía plazo hasta ayer para depositar las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska hace dos semanas atrás. Pero la magistrada extendió este lunes dicho plazo hasta este jueves y ahora el Gobierno solicitó un freno de la ejecución en busca de estirar el proceso hasta el próximo miércoles 23 de julio.

“El tribunal de distrito denegó hoy (por ayer) la moción de la República de suspender el proceso en espera de la apelación, aunque modificó la fecha de vigencia de su orden al 17 de julio para permitir que este tribunal tenga la oportunidad de dictar una medida de emergencia”, señaló la defensa argentina en un escrito presentado este lunes ante la Cámara de Apelaciones.

Según la presentación, los demandantes confirmaron en una carta fechada el 10 de julio pasado que no se oponen a la solicitud de suspensión administrativa temporal por parte del tribunal en espera de la resolución de la solicitud de suspensión, que presentarán su oposición a la solicitud de suspensión administrativa temporal antes de este jueves y que Argentina acordó con ellos presentar su respuesta antes del próximo martes 22 de julio.

“En consecuencia, la República solicita a este Tribunal que conceda la suspensión administrativa acordada en espera de la resolución de la moción de suspensión de la República en este Tribunal y que inicie el calendario de alegatos acordado”, indicó Sullivan & Cromwell LLP, el estudio a cargo de la representación de la Argentina.

El Gobierno busca con este nuevo recurso que la Corte de Apelaciones se expida tanto sobre el pedido de suspensión como la apelación de la orden de entrega de las acciones. Y cree que Argentina no incumple el fallo, ya que Preska “otorgó tres días más” para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones, es decir, hasta este jueves.

“Si los jueces aprueban este cronograma, la Corte de Apelaciones no decidirá si otorga el beneficio del stay (suspensión del proceso) hasta, al menos, el 23 de Julio”, señaló el especialista de Latam Advisors, Sebastián Maril.

Mientras tanto, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, se encuentra en Nueva York interviniendo en el caso. El funcionario participará hoy de una reunión clave convocada por Preska con los abogados de Petersen/Eton y Bainbridge sobre el proceso de intercambio de información y documentos entre las partes.

Eton y Burford le iniciaron juicio a la Argentina por incumplir el reglamento de la compañía al expropiarla en 2012 y lograron un fallo favorable por US$ 16.100 millones más intereses que Argentina hasta ahora evitó pagar. Por otra parte, el fondo Bainbridge inició un reclamo por separado que ya cuenta con sentencia firme por alrededor de US$ 100 millones.

En noviembre pasado, el gobierno de Estados Unidos bajo la gestión de Joe Biden presentó un escrito apoyando la postura de la defensa argentina y pidiéndole a Preska que no dictara esa orden. Pero la jueza no le hizo caso y este lunes reforzó su postura.

“La decisión de la jueza Preska de negarse a suspender su orden de entregar las acciones de YPF, mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York todavía no ha resuelto la apelación contra la sentencia que condenó a nuestro país a pagar US$ 16.100 millones, es prematura e irrazonable, y se aparta de las normas sobre inmunidad soberana que rigen en Estados Unidos”, señaló este lunes Sebastián Soler. Se trata del abogado especialista en el caso y exviceprocurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández.

Según Soler, “el Departamento de Justicia le dijo que semejante orden infringiría las normas de inmunidad soberana de EE.UU. que no le permiten a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en EE.UU. y advirtió que esa orden afectaría la soberanía argentina”.

Clarín