Economía I 14.07.25
EL GOBIERNO SE NEGÓ A NEGOCIAR CON BURFORD EN EL JUICIO A YPF

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El Gobierno mantuvo al menos una reunión con dos enviados de Burford Capital y le cerró la puerta a una negociación para pagarle por la estatización de YPF, caso judicial en el que la Argentina enfrenta una sentencia en contra por 16.100 millones de dólares más intereses que suman unos US$ 2 millones por día desde septiembre de 2023.
El encuentro fue en la Casa Rosada el 30 de octubre del 2024 entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ex ejecutivos bancarios Gerardo Mato y Hernán Rissola, según consta en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses. Se trata de un documento en el que se inscriben las reuniones entre funcionarios públicos de alto rango cuando se discuten temas de interés para el país en sede oficial.
Consultados por Clarín, en la Jefatura de Gabinete aclararon que la reunión `se realizó en virtud de una solicitud de audiencia efectuada por Mato y Rissola, con el objetivo de presentarse y tomar contacto institucional` con Francos.
En el despacho próximo al presidente Javier Milei, el de mayor volumen político, señalaron que el encuentro no fue gestionado para hablar del juicio en Nueva York, Estados Unidos, sino para `dialogar sobre distintos temas de la situación económica y política del país`.
En ese contexto, Mato y Rissola, a quienes el fondo Burford Capital les encargó la misión de negociar para conseguir que la Argentina le pague, `manifestaron su interés por la situación judicial` respecto al caso YPF.
Además, y tal como es el deber de los funcionarios públicos, el Estado seguirá apelando hasta la última instancia la sentencia en contra de Preska, en la búsqueda de revertir el sentido del fallo o minimizar todo lo posible el monto a pagar. Si un funcionario firma un acuerdo extrajudicial que cierre el caso, eventualmente podría afrontar denuncias penales por no agotar todas las instancias de apelación. Como el Estado se negó desde septiembre de 2023 a constituir una garantía en Nueva York, la jueza Preska ordenó el 30 de junio pasado que la Argentina transfiera su 51% de acciones en YPF en un plazo de dos semanas para saldar esa deuda.
Los US$ 16.100 millones más intereses resultan un dinero inabordable para la situación económica de la Argentina, que solamente se podrían pagar a largo plazo con bonos.
Clarín